Por: Jesús Camilo
El organismo patriótico también criticó la actuación de los agentes policiales presentes durante el acto fúnebre, alegando que no intervinieron pese a tratarse de un delito flagrante
Santo Domingo, Rep. Dom.- El Instituto Duartiano informó este sábado sobre acciones legales que iniciará ante las autoridades judiciales y policiales de San Francisco de Macorís, por el uso indebido de la bandera nacional en el ataúd de un hombre identificado como Luis Miguel Martínez Agramonte.
El presidente de la entidad, Wilson Gómez Ramírez, explicó que se incurrió en un acto de ultraje contra uno de los principales símbolos patrios, por lo que procederá a apoderar formalmente a la procuradora fiscal del distrito judicial de ciudad, magistrada Smaily Yamel Rodríguez y al comandante del departamento Noreste de la Policía Nacional, general Dionisio Natera Melenciano.
Precisó que el ministerio público y el cuerpo del orden deben de investigar y determinar responsabilidades sobre el hecho ocurrido en las honras fúnebres de Martínez Agramonte.
Sostuvo que el fallecido no reunía las condiciones establecidas por la Ley 210-19 sobre el uso de los Símbolos Patrios para recibir un homenaje póstumo con la bandera nacional, y criticó la actuación de los agentes policiales presentes en el acto fúnebre, alegando que no intervinieron pese a tratarse, según afirmó, de un delito flagrante. En ese sentido, expresó su expectativa de que las autoridades actúen con rapidez y apliquen sanciones ejemplarizantes contra los responsables.
El dirigente de los duartianos recordó que el artículo 19 de esa legislación limita este privilegio a ciudadanos que hayan ocupado funciones públicas relevantes o que se hayan distinguido en áreas como las artes, la educación, la milicia, el deporte, la cultura o el patriotismo, manteniendo además una conducta considerada digna de tal reconocimiento.
Asimismo, Gómez Ramírez advirtió que el artículo 25 de la referida normativa tipifica como delito cubrir con la bandera nacional el féretro de una persona que no cumpla con esos requisitos, mientras que el artículo 38 establece sanciones de entre uno y tres meses de prisión, además de multas de cinco a veinte salarios mínimos del sector público para quienes incurran en esa violación.
El presidente del Instituto Duartiano informó que instruyó al presidente del Centro Duartiano de San Francisco de Macorís, Héctor Castellanos, a depositar las instancias correspondientes y dar seguimiento al proceso judicial acompañado de un equipo de abogados.
