La Redacción
Santo Domingo, RD.- La Federación Nacional de Transporte Amigos de Peña Gómez (FEBATRAPEGO), manifestó que no se opone a la implementación de la Revisión Técnica Vehicular que el Gobierno tiene previsto poner en marcha el primer trimestre del año próximo, sin embargo, considera necesario que las autoridades aborden con claridad el tema de las unidades denominadas «chatarra» que no pasarán la prueba de inspección.
En tal sentido, el presidente del gremio, Eddy Francisco Sánchez, planteó aplicar también la ley 253-12 que establece un aporte de dos pesos por cada galón de gasolina que compran los transportistas que estarían destinados a cambiar las flotillas deterioradas.
Consideran que la iniciativa debe ser equilibrada, con el propósito de avanzar hacia un sistema de transporte más seguro, organizado y eficiente en la RepúblicaDominicana.
Sánchez, entiende que antes de aplicar esta medida debe instalarse una mesa de diálogo entre las autoridades gubernamentales y los representantes del sector transporte, con el propósito de buscar soluciones concretas para los propietarios y operadores de vehículos que no logren superar las pruebas de inspección técnica, especialmente aquellas unidades consideradas chatarras por su antigüedad y condiciones físicas.
Expresó que el sector transporte está dispuesto a colaborar con las iniciativas que contribuyan a mejorar la seguridad vial y las condiciones del servicio, pero entiende que no se puede implementar una disposición de esta naturaleza sin tomar en cuenta la realidad económica que enfrentan miles de transportistas dominicanos.
Asimismo, el dirigente sindical reiteró la necesidad de la aplicación efectiva de la Ley 253-12, como mecanismo para facilitar el cambio y la renovación de la flotilla vehicular vieja que actualmente opera en el transporte público de pasajeros y cargas, las cuales se estiman en un 35% del parque vehicular.
Explicó que la renovación de los vehículos no puede depender únicamente de exigencias y sanciones, sino que debe estar acompañada de políticas públicas, facilidades económicas, incentivos y mecanismos de financiamiento que permitan a los transportistas adquirir unidades modernas y en mejores condiciones.
