Por Leonardo Paulino
SANTO DOMINGO. El abogado y dirigente sindical del transporte Mario Díaz exhortó al Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y a las demás autoridades competentes a actuar con firmeza ante la advertencia de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (ANadegas) de retirar las terminales de pago electrónico conocidas como verifones de las estaciones de combustibles afiliadas a esa organización, en caso de no alcanzarse un acuerdo con las autoridades.
Díaz consideró que la materialización de esa amenaza constituiría una medida de presión de graves consecuencias para los consumidores, el comercio y la economía nacional, especialmente si las estaciones obligaran a sus clientes a realizar exclusivamente pagos en efectivo.
“Una decisión de esa naturaleza no puede ser asumida como un simple conflicto comercial, si se concreta de manera coordinada y masiva, estaríamos ante una acción que afectaría el normal desenvolvimiento de la economía, limitaría las opciones de pago de los consumidores y pondría a prueba la capacidad del Estado para hacer cumplir las normas que regulan el expendio de combustibles”, afirmó.
El dirigente del transporte pidió al MICM, a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y a los demás organismos con competencia en la materia que verifiquen de inmediato las implicaciones legales, comerciales y fiscales que tendría el retiro de los terminales de pago y que, de comprobarse infracciones, se apliquen las sanciones correspondientes conforme a la legislación dominicana.
Díaz advirtió además que la eventual sustitución generalizada de los pagos electrónicos por operaciones exclusivamente en efectivo debe ser sometida a una estricta fiscalización, a fin de garantizar que todas las ventas de combustibles sean debidamente registradas y reportadas a la administración tributaria, evitando cualquier posibilidad de evasión fiscal.
“Si una estación decide retirar un verifón, el Estado debe asegurarse de que eso no se convierta en una vía para ocultar ventas, reducir la trazabilidad de las operaciones o afectar la recaudación fiscal, cada galón vendido debe quedar debidamente registrado y sometido a los controles establecidos por la ley”, sostuvo.
Mario Díaz llamó a las autoridades a no permitir que ningún sector económico utilice la suspensión coordinada de servicios esenciales o mecanismos que afecten a los consumidores como instrumento de presión para obtener concesiones del Gobierno.
Asimismo, consideró que, si alguna estación incurre en acciones que violen las disposiciones legales o administrativas vigentes, las autoridades deben disponer las medidas de supervisión y seguridad necesarias para garantizar la continuidad del servicio y el cumplimiento de la ley, incluyendo, cuando jurídicamente corresponda, el auxilio de los organismos de seguridad del Estado.
“Lo que reclamamos no es confrontación; reclamamos autoridad, institucionalidad y respeto a la ley, el Gobierno debe garantizar que los ciudadanos puedan adquirir combustibles y pagar por ellos bajo condiciones transparentes, seguras y dentro del marco legal”, expresó.
El también dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos (FENATTRANSC) sostuvo que los transportistas y consumidores no pueden convertirse en rehenes de una disputa entre empresarios y autoridades.
Díaz llamó a ANADEGAS y al Gobierno a retomar el diálogo y alcanzar una solución que evite cualquier medida que pueda afectar el abastecimiento, la comercialización de combustibles, los mecanismos de pago o la estabilidad de las actividades económicas del país.
“Las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y los mecanismos institucionales, pero si alguien decide desafiar las leyes, el Estado tiene la obligación de responder con la ley en las manos y sin privilegios para nadie”, concluyó.
