Las medidas incluyen amnistía tributaria; mantener programas sociales a sectores más vulnerables; eliminar anticipo a microempresas y las pequeñas lo pagarán en tres cuotas al año; aumento deducción por gastos educativos; congelar alzas de combustibles mientras el crudo no supere los US$95.
Por Leonardo Paulino
Santo Domingo. – El Gobierno dominicano someterá al Congreso Nacional un proyecto de ley con una estrategia de nuevos ingresos que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales como respuesta a las presiones que la crisis internacional impone sobre las finanzas públicas que, además, contiene medidas que vienen a fortalecer a las micro y pequeñas empresas.
Durante una rueda de prensa, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, expuso los alcances de la iniciativa, concebida en cuatro dimensiones: medidas pro-crecimiento, simplificación tributaria, combate a la evasión y consolidación fiscal.
El Plan Anticrisis para la sostenibilidad y la protección de la población frente a la crisis global busca fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, preservar la estabilidad macroeconómica y asegurar los recursos necesarios para sostener la inversión pública, los servicios esenciales y la protección social. El funcionario afirmó que “República Dominicana ha demostrado que puede crecer más que la región. El desafío ahora es proteger lo construido, fortalecer nuestra estabilidad y garantizar oportunidades para las próximas generaciones”.
El proyecto diseñó su arquitectura de ingresos con una premisa explícita: no modificar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) -ni su tasa ni su base-, no alterar la mayoría de los impuestos selectivos vigentes sobre combustibles, alcoholes, cigarrillos y telecomunicaciones, y excluir a las micro, pequeñas y medianas empresas nueva carga tributaria.
La principal medida de consolidación fiscal es una sobretasa de tres puntos porcentuales al Impuesto sobre la Renta (ISR) Empresarial, que se elevaría a 30% durante tres años, aplicable exclusivamente a los grandes contribuyentes con ingresos superiores a RD$1,000 millones anuales. Esa franja comprende poco más de 1,000 empresas de un universo de 140,000 que presentaron declaración del ISR en 2025, equivalente a menos del 0.8% del total.
A esa medida se suman el aumento marginal del impuesto a los cheques y transferencias electrónicas de 0.15% a 0.20%; la creación de un Impuesto Selectivo al Consumo para cigarrillos electrónicos y vapeadores; el incremento de la tributación sobre casinos y juegos de azar; y un aumento de diez dólares estadounidenses al impuesto sobre los pasajes aéreos.
En el frente del combate a la evasión, el proyecto habilita la percepción del ITBIS en la Dirección General de Aduanas para importaciones de contribuyentes informales, amplía las retenciones del ISR sobre sectores de difícil fiscalización, introduce mecanismos de trazabilidad fiscal para bebidas alcohólicas, cigarrillos y combustibles, y otorga al Ministerio de Hacienda poder de veto sobre decisiones de leyes de incentivo, para evitar abusos.
Alivio para clase media y pymes
La iniciativa contempla también disposiciones orientadas a reducir la presión fiscal sobre segmentos de menores ingresos. Para personas físicas, el proyecto ajusta por inflación el mínimo no imponible del ISR personal -que no se actualiza desde hace aproximadamente una década- y eleva el mínimo exento de RD$34,685 a RD$39,900, nivel suficiente para cubrir el costo de la canasta familiar del segundo quintil de ingreso.
Asimismo, incrementa la deducción por gastos educativos del 25% al 30%, y hasta el 50% cuando los gastos beneficien a personas con discapacidad o trastornos del neurodesarrollo. Estas medidas entrarían en vigor en enero de 2027.
Para las microempresas -que representan el 78% de las empresas que reportaron ISR en 2025 se derogan los anticipos del impuesto. Las empresas pequeñas pasarán a realizar tres pagos al año en lugar de doce. El sector agropecuario quedará exento de anticipos e impuesto a los activos.
El proyecto deroga, además, figuras tributarias anacrónicas: la ley que grava las hipotecas data de 1890; la ley de impuesto a los fósforos, de 1935; y la ley de control de estampillas, de 1966. Se eliminan también gradualmente los impuestos a la constitución de compañías y al Impuesto Selectivo a los seguros de vida, medidas que el Gobierno califica como obstáculos a la competitividad y a la formalización.
El Gobierno también pone de su parte
El criterio rector, según la presentación del ministro, es «comprimir lo no prioritario, postergar lo no esencial y preservar las funciones críticas del Estado». Explicó que en 2025 el gasto corriente cayó 0.5% del PIB mientras el gasto de capital aumentó, y el gasto en publicidad se encuentra en mínimos históricos, representando el 0.099% del PIB y el 0.52% del gasto total en el período 2021–2025, por debajo del promedio histórico de la década precedente (0.109% y 0.62%, respectivamente).
En ese mismo período, la Ley de Responsabilidad Fiscal fue cumplida de manera holgada en su primer año de aplicación, lo que le permitió al país colocar bonos soberanos a tasas similares a las de México -nación con grado de inversión- e inferiores a las de Colombia, con los márgenes más bajos de la historia para títulos comparables.
