Por Leonardo Paulino
Santo Domingo. Tras analizar la forma en que son detenidos y enjuiciados los integrantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), acusados de corrupción, el Partido de la Liberación Dominicana fijó su posición ante lo que considera un patrón institucional que amenaza la democracia dominicana y califica la actuación de la justicia de diferenciada, selectiva y políticamente orientada en beneficio del oficialismo qie dirije el presidente Abinader.
Ivan Lorenzo, vicepresidente de la organización morada y vocero en esta ocasión, dijo que en el país se ha consolidado una práctica preocupante, al aswgurar qie el Ministerio Público actúa de una manera cuando los imputados están vinculados al PRM y de una manera radicalmente distinta cuando se trata de dirigentes, exfuncionarios o relacionados del PLD.
Asimismo Lorenzo argumentó que
esa comparación es empírica, observacional y verificable con resultado es claro «una justicia absolutamente dependiente del poder político, operando como instrumento partidario para proteger al PRM, evitar dañar su imagen, protegiéndolo de amenazas externas como las solicitudes de extradición que se procesan en silencio, y perseguir con dureza a quienes representan un riesgo político o electoral para el partido de gobierno».
Argumenta lo siguiente:
Presentación de hechos concretos que evidencian la parcialidad y el comportamiento político del Ministerio Público
Cuando se trata del PRM: suavidad, discreción y plenas garantías
El patrón es consistente:
No hay allanamientos televisados y cuyos hallazgos se medien.
No hay operativos de madrugada con información disponible para la prensa.
No hay cámaras convocadas por el propio Ministerio Público.
No se utilizan medidas humillantes ni actuaciones degradantes.
Los investigados del PRM son informados previamente, permitiendo entregas voluntarias, incluso cuando se trata de extradiciones o casos vinculados al narcotráfico.
Agrega que desde el momento en que se conoce una investigación, se les dan meses de manera informal para localizar abogados, organizarse y prepararse sin presión pública.
Cualquier imputado del PRM duerme en su casa, se baña, se afeita, se viste y llega voluntariamente sin traumas ni despliegues hostiles.
Los expedientes se manejan con absoluto hermetismo: 0 filtraciones, 0 escándalos mediáticos, 0 juicios anticipados.
Las declaraciones oficiales hablan ahora de «respeto procesal», «prudencia» y «garantías».
En síntesis: si son del PRM, se les protege. Si afecta la imagen del gobierno, se baja el volumen.
Cuando se trata del PLD o de cualquier ciudadano común: espectáculo, humillación y condena mediática previa.
Aquí aparece la otra cara del Ministerio Público.
Allanamientos a las 3 y 4 de la mañana, con cámaras previamente convocadas.
Personas sacadas sin ropa, frente a sus familias y vecinos.
Uso excesivo de cascos, chalecos, armas largas y despliegue teatral
Filtraciones masivas: 20, 30, 50 millones de páginas divulgadas antes de llegar a los abogados.
Solicitudes de coerción desproporcionadas.
Persecución mediática coordinada y sincronizada.
Narrativa pública del Ministerio Público describiendo a los imputados como «culpables» antes del juicio.
Este comportamiento no es técnico. No es jurídico. ES POLÍTICO. Estamos ante un Ministerio Público dependiente y subordinado funcionalmente al interés político del Gobierno.
Un caso típico de Lawfare: el uso del sistema penal con fines políticos
El comportamiento del Ministerio Público no solo distorsiona el sistema de justicia, sino que lesiona directamente la democracia y el sistema de partidos. Se trata de un patrón reconocible en estudios internacionales: lawfare, el uso del aparato penal para eliminar adversarios políticos.
