La Redacción
El panel central en el que debatieron los desafíos y urgencias del Presupuesto 2026, reunió a figuras políticas de alto nivel de las comisiones de asuntos económicos de partidos políticos, incluyendo a Daniel Toribio (Fuerza del Pueblo), Richard Medina Gómez (PLD) y Virginia Rodríguez (Opción Democrática). El PRM no acudió al llamado.
Santo Domingo.– Este martes se llevó a cabo el seminario “Debate fiscal para garantizar derechos”, un espacio de reflexión y diálogo convocado por el Movimiento Justicia Fiscal, integrado por organizaciones sociales que desde hace más de doce años impulsan transformaciones para construir una fiscalidad más justa, inclusiva y orientada al bienestar de toda la ciudadanía.
El encuentro reunió a especialistas, actores políticos, representantes de instituciones públicas y organizaciones sociales para analizar los desafíos del sistema fiscal dominicano, marcado por insuficiente recaudación, privilegios tributarios para unos pocos, baja tributación de la riqueza y las rentas más altas, altos niveles de evasión y elusión, y un déficit primario que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. Además se mantiene el uso político de los fondos públicos y una inversión social insuficiente que profundiza las desigualdades y vulnera derechos.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Ricardo González, director de Ciudad Alternativa, quien destacó que el país atraviesa una profunda crisis fiscal y que, por ello, “urge un pacto fiscal que convierta el presupuesto en una herramienta real de justicia y democracia”.
El seminario se desarrolló en un momento clave, mientras el Congreso discute el Proyecto de Presupuesto 2026, considerado por las organizaciones convocantes como una oportunidad para repensar cómo hacer un uso más eficiente de los recursos públicos y se financia la garantía de derechos en República Dominicana.
“Es inaceptable que el Congreso aún no haya abierto un espacio real de deliberación pública sobre el Presupuesto 2026. No se han convocado vistas públicas ni se ha respondido a la solicitud formal de reunión con la Comisión Bicameral que estudia el proyecto. Exigimos transparencia y un proceso participativo a la altura de las decisiones que están en juego para el país”, afirmó Ricardo González.
En la sesión de insumos iniciales, los economistas Rosa Cañete y Luis Ortega presentaron los principales hallazgos de los documentos “Un presupuesto sin pacto” y “Hacia un pacto fiscal integral en República Dominicana”, que evidencian que la estructura tributaria sigue siendo regresiva y recae principalmente en los sectores populares y las clases medias; que el gasto público continúa siendo utilizado con fines políticos y es insuficiente para salud, cuidados, igualdad de género, vivienda y otros derechos esenciales; y que los privilegios y exenciones fiscales no generan beneficios sociales proporcionales.
El diálogo político contó con la participación de Richard Medina Gómez, economista y miembro del Comité Político del PLD; Virginia Rodríguez, excandidata presidencial de Opción Democrática; y Daniel Toribio, exministro de Hacienda y titular de la Secretaría de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo.
Entre los temas centrales abordados estuvieron el peso de la deuda y su impacto en los servicios esenciales,las áreas críticas que el Presupuesto 2026 deja sin cobertura, la urgencia de relegitimar el debate fiscal y los elementos clave para un eventual pacto fiscal.
Brechas Presupuesto 2026: salud, género y vivienda
Los análisis presentados revelan profundas debilidades en la orientación social del presupuesto, históricamente señaladas por organizaciones de la sociedad civil. En materia de salud, la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) señala que el Presupuesto 2026 mantiene la baja prioridad histórica del primer nivel de atención, destinando solo el 12 % de los recursos del SNS (RD$12,152 millones) a atención primaria, una estructura que contradice cualquier aspiración de un sistema preventivo, comunitario y orientado a reducir desigualdades.
En el ámbito de la vivienda, los datos expuestos evidencian que, en un país con más de 1.4 millones de viviendas deficitarias, únicamente el 7 % del presupuesto del MIVHED beneficia directamente a familias sin acceso a crédito, mientras que los fideicomisos inmobiliarios y los esquemas de precio subsidiado continúan concentrando la mayor parte del apoyo estatal. En este sentido, Ricardo González afirmó que “el Estado continúa privilegiando fideicomisos e incentivos financieros que benefician a quienes ya están dentro del sistema bancario, mientras los más vulnerables siguen excluidos. Esta política no reduce el déficit habitacional, más bien lo perpetúa”.
Asimismo, el análisis sobre igualdad de género destacó que el Presupuesto 2026 identifica RD$13,177 millones, equivalentes al 0.152 % del PIB, como “Gastos para reducir brecha de género”. Aunque este clasificador representa un avance en trazabilidad, la inversión continúa siendo insuficiente frente a necesidades críticas como el sistema de cuidados, la autonomía económica de las mujeres, la prevención de la violencia y el acceso equitativo a servicios públicos.
“Un presupuesto con perspectiva de género no solo clasifica el gasto; debe invertir de forma decidida en transformar las estructuras que reproducen la desigualdad”, enfatizó Estephany Encarnación, del Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).
El seminario concluyó con las palabras de Guadalupe Valdez, directora de CIPROS, quien destacó la importancia de seguir construyendo un debate fiscal inclusivo, participativo y orientado a garantizar derechos para toda la ciudadanía.
Este evento se enmarca en las iniciativas del Movimiento Justicia Fiscal, integrado por diversas organizaciones de la sociedad civil que, durante la actividad, reiteraron la necesidad de cumplir con la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo y convocar un Pacto Fiscal donde cualquier cambio fiscal se construya de manera transparente, participativa e inclusiva, y demandaron que incorpore criterios de equidad y justicia tributaria que permitan reducir desigualdades y recuperar la legitimidad del Estado.
