Por: Jesús Camilo
FJT advierte al ministro de educación Luis Miguel de Camps omisión en INABIE ante reiterados escándalos de corrupción lo convertirían en cómplice
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) a raíz de todos los escándalos y cuestionamientos en los diferentes medios de comunicación y programas de investigación, por los escándalos de corrupción y sobornos en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INABIE, además de informes de Contraloría y una investigación de oficio de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, también arrojando irregularidades, que llevaron a las suspensión de varias licitaciones, motivaciones que llevaron a la entidad cívica a someter penalmente al actual incumbente del INABIE Víctor Castro por ante la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA.
El vicepresidente ejecutivo de la FJT, Máximo Calzado Reyes, manifestó que, con esta denuncia penal, se persigue que el PEPCA inicie una investigación exhaustiva sobre todos los procesos de contrataciones públicas realizados por el INABIE, constituyéndose también en un signo de preocupación el que frecuentemente las actuaciones de VICTOR RAMON CASTRO IZQUIERDO hayan sido cuestionadas en los medios de comunicación, por los oferentes, y los programas de investigación.
En sentido FJT valora como positivo que de oficio la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, luego del escarnio en los diferentes haya decidido de oficio realizar una investigación, y mediante la Resolución RIC-0106-2025, la DGCP haya establecido que en la Licitación Pública Nacional Núm. INABIE-CCC-LPN-2024-0012, llevado a cabo por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) se constataron irregularidades, en las cuales se ordena la nulidad de la adjudicación de varias empresas.
Por tales razones la DGCP en el referido proceso pudo identificar las violaciones del debido proceso, solicitando a INABIE que, identifique a los servidores y funcionarios que hubiesen participado y permanezcan en la actual gestión, responsables de no ceñir su actuación a las normas del debido proceso administrativo. Además, la DGCP, manifestó que, en atención a los indicios de presentación de documentación alterada o falsa en el marco del procedimiento de referencia, este Órgano Rector tiene a bien advertir que iniciará de oficio el procedimiento administrativo sancionador correspondiente a la inhabilitación permanente de los proveedores identificados en la presente Resolución.
Asimismo la DGCP remitió el resultado de la investigación de oficio a las siguientes instituciones:: i) la Contraloría General de la República y a su Unidad Antifraude; ii) la Cámara de Cuentas de la República Dominicana; iii) la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA); iv) al Ministerio de Educación (MINERD); v) a la Comisión Nacional para la Defensa de la Competencia (PROCOMPETENCIA), y; vi) a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG); para que en el marco de sus roles y competencias puedan realizar las investigaciones que les asiste la ley y la Constitución, y tomar las medidas que correspondan.
De igual manera hay que destacar que los escándalos en INABIE han llegado a tal magnitud, que la misma institución canceló veinte (20) procesos de compras que ya habían sido adjudicados, y además destituyó a nueve (9) empleados y funcionarios de la institución.
Finalmente, hacemos un llamado al ministro de educación, Luis Miguel de Camps para que, con carácter urgente e inminente, tome carta en el asunto, interviniendo INABIE como dependencia del MINERD y superior jerárquico, bajo el entendido de que una reiterada omisión ante las constantes denuncias y la intervención incluso de organismo oficiales como compra y contrataciones públicas y la contraloría, con informes y suspensión de licitaciones, lo convertirían en un eventual cómplice de los desafueros denunciados.
