La Redacción
Santo Domingo, RD. – El Colectivo Migración y Derechos Humanos (CMDH) reunió a representaciones de los sectores sociales, económicos, sindicales, religiosos, internacionales, académicos y comunitarios que urgen al gobierno a regularizar con sentido común, y a asumir pasos concretos hacia una política migratoria justa, transparente y sostenible.
En un contexto de creciente alarma por operativos de detención y deportación que vulneran derechos fundamentales, incluyendo la detención de mujeres embarazadas, personas con trámites en curso o con documentación vigente, violaciones sexuales, y la separación de menores de sus padres y madres, la diversidad de sectores requirieron que imperen la racionalidad, la legalidad y la humanización.
La plataforma de organizaciones que integra a acádemicos, intelectuales y profesionales, precisó que regularizar no significa otorgar nacionalidad, sino establecer reglas claras y transparentes para el ejercicio de derechos y deberes de las personas migrantes.
Por ello, destacan la importante que el Estado dominicano cuente con información confiable para diseñar políticas públicas eficientes, gestionar la migración con orden, promover la formalización laboral y fortalecer los sistemas de salud y seguridad social del país. “Sin regularización no hay control, sino mafias, no hay planificación y tampoco hay justicia”, afirmaron desde el Colectivo.
En ese sentido, se destacan que la regularización permitiría fortalecer la seguridad jurídica, aumentar la recaudación tributaria y los aportes a la seguridad social, además de facilitar la contratación formal por parte del empresariado, que necesita condiciones estables y claras. “La migración irregular no se resuelve con persecución, sino con mecanismos legales, viables y bien implementados”, señalaron.
El CMDH insistió en que regularizar beneficia a toda la sociedad: promueve la cohesión social, mejora la seguridad ciudadana, y facilita la inversión y el empleo formal. “Una migración bien gestionada no es una amenaza, es una oportunidad”, planteron.
Amplio apoyo a cumplir las reglas y justicia
El acto reunió voces tan diversas como el empresario Fernando Capellán; la periodista Altagracia Salazar; la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en RD, Julia Sánchez; el decano de Economía de la UASD, Antonio Ciriaco; el líder sindical Pepe Abreu; o la activista comunitaria Juan Ferrer, entre muchas otras representantes de iglesias, juventudes, academia, arte y sociedad civil. Todos coincidieron en que el país necesita una política migratoria que funcione, que respete la Ley, y que no criminalice la pobreza ni la esperanza de una vida mejor.
El CMDH subrayó que el pueblo dominicano es solidario, pero también exigente: quiere orden, pero no abuso; quiere leyes claras, no arbitrariedad; quiere políticas sostenibles, no parches momentáneos.
Persecuciones arbitrarias
Uno de los momentos más fuertes del encuentro fue la denuncia reiterada de casos de agresiones físicas y sexuales, robos, operativos nocturnos sin orden judicial, separaciones forzadas de menores de sus padres y detenciones arbitrarias, incluso de personas con documentación en regla. Estas acciones violan la normativa migratoria nacional y los compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano.
“Exigimos que todo operativo migratorio se realice en estricto apego a la ley, con protocolos claros de protección a la infancia, respeto a la integridad personal y garantías del debido proceso”, agregaron.
Durante el encuentro, se expuso cómo la falta de respuesta de las propias instituciones —que no otorgan citas ni procesan renovaciones— deja a miles en una situación de vulnerabilidad, que luego es usada como justificación para la deportación.
“Estamos viendo personas con más de un año esperando cita para renovar su estatus migratorio, que pagaron los montos exigidos por el Estado, y que aun así son detenidas y deportadas. Eso es inaceptable en un Estado de derecho”, afirmó una representante del colectivo.
El CMDH solicitó al gobierno dominicano detener de inmediato la deportación de menores no acompañados, en aras de proteger sus derechos y garantizar su integridad. Asimismo, exijieron el cese de la detención y deportación de mujeres embarazadas y paridas con sus hijos recién nacidos y personas envejecientes, por tratarse de grupos vulnerables que requieren atención humanitaria especial; además demandaron la salida del personal de Migración de los centros de salud, señalando que su presencia allí atenta contra el acceso universal a la atención médica y genera temor en quienes buscan servicios esenciales.
Dominicanos descendientes de haitianos
También se enfatizó la urgencia de dar una respuesta definitiva y justa a las dominicanas y dominicanos de ascendencia haitiana afectados por la Sentencia 168-13 y sus consecuencias. Por ello instaron a las instituciones del Estado a garantizar su derecho a la identidad, a vivir sin miedo, y a ser reconocidos como parte plena de la sociedad.
Regulación y empatía
“Somos muchos los que creemos en la empatía y no en el odio. Somos muchos los que apostamos por la regularización frente a las 15 medidas que han demostrado ser ineficaces y dañinas. Queremos seguridad, sí, pero una seguridad con cohesión social, con derechos y con humanidad. Queremos orden, sí, pero con justicia. Y no nos vamos a callar. Seguiremos alzando la voz hasta que en este país se respete la dignidad de todas las personas, sin importar su origen”, recalcaron.
El evento concluyó urgiendo voluntad política, rigor técnico y sensibilidad humana, en la construcción de un proceso sostenible y legal para la gestión migratoria en el país, y abogando por la solidaridad como horizonte de toda política pública migratoria.
En ese sentido, desde el Colectivo Migración y Derechos Humanos saludaron la convocatoria del Consejo Económico y Social (CES) como un espacio de diálgo, del que dijeron esperar resulten propuestas reales, sostenibles y humanas.
El Colectivo Migración y Derechos Humanos agrupa a personas y organizaciones interesadas en promover una migración segura y ordenada, que respete los derechos humanos y el ordenamiento jurídico. Aboga por un proceso de regularización que fortalezca los aportes y derechos de la población migrante en el país y una política migratoria humana y sostenible.
