La Redacción
Santo Domingo, RD.– El diputado de La Romana por el partido Fuerza del Pueblo, Carlos de Pérez, calificó como la mayor tragedia no natural en la historia reciente de la República Dominicana el colapso del techo del centro de diversión Jet Set, ocurrido la madrugada del pasado 8 de abril y que cobró la vida de más de 230 personas, incluyendo al legendario merenguero Rubby Pérez.
El legislador expresó que este hecho trágico no solo enluta al país, sino que también abre la puerta a un profundo análisis técnico-jurídico sobre las responsabilidades penales, civiles, administrativas y estatales que deben ser asumidas, “sin perder de vista el impacto social devastador que ha generado”.
Carlos de Pérez explicó que desde la óptica penal, el artículo 319 del Código Penal tipifica como homicidio involuntario todo hecho que, sin intención, provoque la muerte por negligencia, imprudencia o inobservancia reglamentaria. En ese sentido, señaló que la Suprema Corte ha sido clara en exigir la violación de un deber objetivo de cuidado como elemento clave para configurar este tipo penal.
En materia civil, el diputado puntualizó que el Código Civil establece una presunción de culpa del dueño del edificio por su ruina (artículo 1386), así como un régimen de responsabilidad que puede extenderse a los administradores de empresas, según la Ley 479-08. “La existencia de una estructura societaria no exime de responsabilidad personal a quienes tenían el deber de velar por la seguridad del lugar”, advirtió.
Asimismo, mencionó que el Estado podría ser considerado responsable por fallas en la supervisión estructural y en la emisión de permisos, citando el artículo 148 de la Constitución, que establece la responsabilidad objetiva por mal funcionamiento de los servicios públicos, lo que involucra al Ministerio de Obras Públicas, al Ayuntamiento del Distrito Nacional, entre otras entidades.
Como recomendación, el diputado exhortó a los familiares de las víctimas a preservar toda la evidencia posible y canalizar sus reclamos a través del Ministerio Público, incluyendo la solicitud de información sobre seguros, pruebas ya recopiladas y la posibilidad de constituirse en parte civil o iniciar acciones civiles por daños y perjuicios.
Finalmente, Carlos de Pérez hizo un llamado urgente a iniciar una reforma integral del marco legal sobre seguridad estructural en espacios públicos, incorporando estándares internacionales y mejores mecanismos de control.
