Por: Jesús Camilo
El proceso también fue declarado complejo
Santo Domingo, RD –. El Ministerio Público obtuvo 18 meses de prisión preventiva en contra de los imputados de la Operación Panthera 7, vinculada a la incautación de 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo, el pasado mes de diciembre de 2024.
La jueza Karen Casado Minyety, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este, dictó la medida de coerción en contra de José Nicolás Castillo Hart (a) “Nikito”; Winston Armando Tejera Rodríguez (a) “Barbikin”; Cristian Rayner Canela Aybar; Nelson Neftalí Mercedes Lugo; Dulvi Jesús De los Santos; Enriquillo Luis Brito y Enrique José Luis Brito, quienes cumplirán la prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en la provincia San Cristóbal.
El proceso se sigue también contra Alexander Henríquez Castro, quien cumplirá arresto domiciliario, igualmente, por 18 meses.
El fiscal titular de Santo Domingo Este, Mílciades Guzmán Leonardo, valoró la imposición de la medida de coerción. “El tribunal, tal y como nosotros habíamos advertido desde el principio, ponderó la solidez de la solicitud de medida de coerción hecha por el Ministerio Público”.
Dijo que es una investigación que está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, encabezado por la magistrada Yeni Berenice, de quien dijo ha trabajado con un equipo de fiscales avezados, bastantes conocedores de la investigación.
“Nosotros hemos hecho el trabajo de estrado y ha sido acogida la solicitud del Ministerio Público en toda su extensión”, dijo a periodistas que lo abordaron a la salida del tribunal.
Enfatizó que la jueza ponderó la solidez de lo presentado en cuanto a la carga probatoria, estableciendo que habían presentado vinculación de todos los imputados en el proceso y también ponderando la magnitud del hecho.
El fiscal Guzmán Leonardo dijo que no se trata de un crimen sencillo, que se trata de un crimen organizado. “Hay gente que exhiben participaciones que, según ellos, son pequeñas, pero, que el delito no se puede lograr si ellos no llevan a cabo esa participación, y en el día de hoy los objetivos del Ministerio Público en la primera etapa del proceso están completamente logrados”, expresó.
Al grupo el Ministerio Público le atribuye integrar una red internacional de narcotráfico y lavado de activos desmantelada en una operación conjunta con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
En las acciones contra la red criminal, desarrolladas en forma autónoma por República Dominicana, participaron 89 fiscales y 564 agentes de fuerzas especiales, quienes realizaron arrestos y allanamientos.
Según la solicitud de coerción, durante los allanamientos fueron incautados más de 22 millones en efectivo, en pesos y en dólares. Además, 20 vehículos livianos, 10 vehículos pesados, 10 contenedores, tres motocicletas, tres pasolas y cinco motores fuera de borda; así como armas de fuego.
Los representantes del Ministerio Público catalogaron a la Operación Panthera 7 como una de las mayores ofensivas operativas en contra del crimen organizado realizada en el hemisferio. Al tiempo que, reiteraron que, en el transcurso de la investigación, se han recolectado evidencias que demuestran que los 9,587 paquetes con un peso de 9,889 kilos de cocaína fueron traídos a la República Dominicana desde Colombia por vía marítima, específicamente, por Bayahibe, La Romana y Pedernales, en meses previos a diciembre de 2024.
El Ministerio Público sostiene que los imputados violaron los artículos 59, 60, 265, y 266 del Código Penal Domnicano, el cual tipifica “Asociación de malhechores”, así como, los artículos 58, 59, 60, 75 y 85 de la Ley 50-88, sobre Drogas Narcóticas, los cuales tipifican “Tráfico de Drogas y Patrocinio”.
Además, a Enriquillo Luis Brito y Enrique José Luis Brito también se les acusa de violar los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, y el artículo 3 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, en perjuicio del Estado Dominicano.
