La Redacción
SANTO DOMINGO, República Dominicana (31 de agosto 2024) – En una sorprendente declaración que sacudió el ámbito empresarial dominicano, el inversionista canadiense Antonio Carbone lanzó serias acusaciones contra Fernando Arturo Báez Guerrero, a quien lo señala de una trama para apoderarse de una parte significativa de su imperio comercial en el país.
Carbone, quien llegó a la República Dominicana en 2011 con una inversión millonaria para formar el grupo empresarial Dream Corporation Inc., afirma que Báez Guerrero, quien inicialmente era su empleado, orquestó un complot que lo llevó a prisión por un supuesto intento de homicidio, permitiéndole así tomar control de varias de sus empresas.
«¿Quién es el bandido más grande del país?», cuestionó Carbone en una reciente declaración. «El hombre que dejó de ser empleado y pasó a ser dueño del imperio de los negocios de la familia Carbone. ¿Que me diga la fórmula?», añadió, desafiando a Báez Guerrero a explicar cómo logró esta transformación.
Según Carbone, su inversión inicial en el país ascendió a $580 millones de dólares, incluyendo la adquisición de 13 casinos, discotecas, 1,500 bancas de apuestas deportivas y lotería, además de propiedades inmobiliarias. Sin embargo, tras su arresto en diciembre de 2014, basado en una denuncia presentada por Báez Guerrero, el panorama cambió drásticamente.
«Es inconcebible que la persona por la que estuve nueve años en prisión por un hecho que no cometí, hoy sea dueño de parte de mis negocios», expresó Carbone, visiblemente indignado.
El empresario canadiense señala que, sorprendentemente, durante el proceso judicial en su contra, Báez Guerrero se declaró dueño de cinco casinos y socio en otros ocho establecimientos, incluyendo discotecas y apartamentos, todos originalmente pertenecientes al Grupo Dream Corporation Inc.
Carbone enfatiza que Báez Guerrero no ha podido explicar satisfactoriamente cómo adquirió estas propiedades. En un interrogatorio ante el Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, Báez Guerrero aparentemente no proporcionó detalles sobre pagos realizados por la adquisición de los casinos ni justificó su repentina participación en las compañías.
Se recuerda que el pasado 18 de junio a la salida de una audiencia de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), donde los jueces se reservaron el fallo remitido por el Tribunal Constitucional (TC) sobre la audiencia para el recurso de casación del caso que implica al empresario Antonio Carbone, por supuesto intento de homicidio a Fernando Arturo Báez Guerrero, este último se rehusó a dar declaraciones a periodistas, al ser cuestionado sobre cómo pasó de empleado de Carbone a ser dueño de varias de las empresas del inversionista canadiense.
Carbone narró que en una conversación telefónica revelada, Báez y él discuten una propuesta de $500,000 dólares hecha por Andrew Michael Pajak, ex socio de Carbone, a través de abogados intermediarios.
Según Carbone, Báez aceptó la oferta, traicionando así la confianza depositada en él como vicepresidente de Dream Corporation Inc. Carbone califica este acto como «vender su alma al diablo por 500 mil dólares». La conversación sugiere que Báez inicialmente informó a Carbone sobre la oferta, afirmando no tener «precio», pero posteriormente habría aceptado la propuesta, llevando a Carbone a cuestionar la lealtad de su antiguo empleado y la integridad del negocio.
Carbone alega que la transición de Báez Guerrero de empleado a propietario fue parte de una elaborada estratagema. Según el inversionista extranjero dijo que estando en Canadá, aquí en República Dominicana se utilizó un vehículo viejo para simular un intento de homicidio, por lo cual Báez Guerrero habría recibido un pago de $50 dólares vía transferencia bancaria. Además, Carbone afirma que Andrew Michael Pajak, supuestamente implicado en el complot, otorgó a Báez Guerrero casinos valorados en $50 millones de dólares.
La situación dio un giro cuando el Tribunal Constitucional (TC) emitió la sentencia TC-0515-23 el 17 de agosto de 2023, anulando la condena que pesaba contra Carbone. Esta decisión, según el empresario, revela irregularidades en el proceso judicial original y demuestra las maniobras legales y mediáticas empleadas por Báez Guerrero para apropiarse indebidamente de sus empresas en la República Dominicana.
Carbone ahora busca recuperar sus propiedades y limpiar su nombre, mientras que el caso continúa generando debate sobre la seguridad jurídica para inversionistas extranjeros en el país.
