Potentini hace llamado al presidente Abinader, para que intervenga y restaure la institucionalidad en el gremio
Advierten sobre el descalabro, ruina y cierre total del CARD
La redacción
Santo Domingo. El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), sometió al jefe de la Policía Nacional por ante el Tribunal Superior Administrativo, (solicitud No. 2024-R0436038, expediente No. 2023-0128572), en demanda en liquidación de astreintes por inejecución de sentencia de amparo, en suma, se trata de un desacato a un tribunal de la república, que obliga al CARD a continuar exigiendo en cualquier terreno el respeto a la institucionalidad.
El presidente del gremio Trajano Potentini, recordó que han hecho todo lo institucionalmente posible, incluyendo varias sentencias del Tribunal Superior Administrativo, hasta el ser refrendado por una sentencia con categoría de precedente vinculante del Tribunal Constitucional, amén de las sucesivas y reiteradas resoluciones de la Comisión Nacional Electoral del CARD a favor nuestro, desde diciembre hasta la fecha, sin que hasta el momento se haya logrado que, que los poderes públicos garanticen y hagan prevalecer el imperio de la ley y la buena gestión administrativa.
Asimismo, Potentini deploró el secuestro de las instalaciones y de los recursos del gremio, con los locales cerrados y las cuentas bancarias y fuentes de ingresos embargadas, haciendo imposible y precario los servicios y funcionamiento del colegio, todo ello en detrimento de la clase jurídica, y una prolongada perturbación al ejercicio profesional de los abogados, en perjuicio y afectación, de la seguridad jurídica, la inversión extranjera y el acceso a la administración de justicia.
Potentini hace llamado al presidente Abinader, para que intervenga y restaure la institucionalidad en el gremio.
En consecuencia, le hacemos un encarecido llamado al presidente Luis Abinader, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, a la Procuradora General de la República, a las asociaciones empresariales y sociedad civil en general, a que intervengan y salven el gremio, ya tenemos 8 meses de crisis, poniendo en peligro el funcionamiento del mismo, con la indefectible suspensión de los servicios, reiteramos en perjuicio del país y en particular de la clase jurídica.
De manera especial le pedimos al presidente Abinader su mediación para el retiro de la Policía Nacional de los locales del CARD, y las correspondientes garantías de seguridad para la institución, también el liberar los recursos de la institución, de lo contrario estaríamos ante la inminencia de un desastre institucional, perdiendo las propiedades dadas en garantías por préstamos hipotecarios, afectando los contratos de telecomunicaciones y servicios públicos, la ausencia de seguridad social, en fin el cierre definitivo, el descalabro y ruina total del Colegio de Abogados.
CARD presenta informe de actividades de los primeros 4 meses de gestión.
De igual forma el presidente de los abogados Trajano Potentini, también presentó a decena de abogados, directivos nacionales y de seccionales, un informe de las actividades realizadas, desde el 2 abril hasta el presente mes de agosto, fechas donde nos ha tocado con gran precariedad y escasa gobernabilidad dirigir algunas iniciativas en beneficio de la clase jurídica como detallamos a continuación:
Servicios propios realizados.
En el período considerado se recibieron y atendieron vía plataforma digital, más de 1,200 solicitudes de ingreso de nuevos abogados, más la renovación de 4,700 carnets (todos gratuitos, en más de un 98%) y se expidieron 140 certificaciones consulares y sobre estatus de miembros, modernizando y rediseñando además la página electrónica del colegio de abogados, para dar cobertura a un nuevo programa tecnológico de servicios en línea.
Posicionamiento doctrinal y rol del CARD como asesor del Estado en materia jurídica.
Se asumió el rol del CARD como asesor estatal en materia jurídica, fijando posiciones sobre aspectos jurídicos y democráticos cruciales sobre: el método D´Hondt, la reforma constitucional y el espacio o asiento del CARD en el Colegio Nacional de la Magistratura, sobre la facultad del Ministerio Público en la aplicación del criterio de oportunidad o delaciones premiadas, la necesidad de aperturar una oficina o unidad de reformas institucionales, adscrita a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, la pertinencia de una policía especializada anticorrupción, el voto obligatorio y su contradicción con los valores democráticos, la pertinencia de una ley de asistencia social legislativa (barrilito y cofrecito) la necesidad de una reforma fiscal integral que proteja a los pobres y garantice a la clase media y propuestas sobre el proyecto del Código Penal y posible referendo consultivo para el tema de las tres causales, entre otros.
Acciones de amparo interpuestas en el período.
Se radicó una acción de amparo de cumplimiento para que el Ministerio de Educación cumpliera los mandatos constitucionales y legales de implementar en el currículo escolar la enseñanza de la Constitución, el medio ambiente, el tránsito y la seguridad vial (hoy con sentencia del Tribunal Superior Administrativo, acogiendo nuestro amparo y dándonos ganancia de causa).
También el CARD interpuso un amparo de cumplimiento en contra del Poder Judicial y Consejo del Poder Judicial por las trabas y la negación del acceso a la justicia y administración de justicia de los abogados en el Distrito Nacional, concretamente en la secretaría del Tribunal Superior Administrativo.
Retiro de demandas, querellas u oposiciones incompatibles con el ejercicio institucional del CARD.
Procedimos a retirar demandas y querellas de anteriores gestiones, por entender que las mismas no guardan relación con los fines y propósitos del Colegio de Abogados, como lo fueron: cuestionamientos de la representante de la Suprema Corte de Justicia al Consejo Nacional de la Magistratura, caso particular de la magistrada Nancy Salcedo, haciendo un acto de justicia histórica por tratarse de una servidora pública en el ámbito judicial de trayectoria impoluta, ética y transparente y más aún, apegada siempre a los más sanos valores. Asimismo, se formalizó el retiro de oposición y querellamiento sobre las autoridades y el proyecto de Fideicomiso Pro Pedernales, de Alianzas Público-Privadas; Por último, desistimos de la persecución de dos demandas en nulidad por ante el Tribunal Superior Administrativo, una sobre licitaciones sobre libretas de pasaportes y otra relativa a la inspección y revistas de vehículos, del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la dirección general de Alianzas Público-Privadas.
Disponibilidad financiera.
En el período considerado, entre el dos (2) de abril y el mes de agosto del 2024 el Colegio de Abogados de la República Dominicana percibió ingresos propios por valor de dieciocho millones, ochocientos treinta y cinco mil ochocientos sesenta y tres pesos con treinta y cuatro centavos (RD$18,835,863.24). Del total, se utilizaron en las actividades más adelante descritas como en pago de las obligaciones institucionales (particularmente las atinentes a los servicios públicos y cargas fijas de préstamos hipotecarios, pagos de telecomunicaciones, seguridad social, realización de actividades académicas y pago a docentes, alquileres de locales, dos meses de asignación económica a la mitad de las seccionales, la compra de equipos tecnológicos, gastos de combustibles y mensajería, el pago de sueldos a una cantidad limitada de empleados para la operatividad indispensable del CARD, impresión de certificados y otros, la adquisición de materiales y útiles para la continuidad de los servicios propios), seis millones, tres mil cuatrocientos noventa y dos pesos con setenta y cinco centavos (RD$6,003,492.35). Resultando una disponibilidad actual de doce millones, ochocientos treinta y dos mil trescientos setenta pesos con cincuenta y nueve centavos (RD$12,832,370.59), embargados al día de hoy, más una cantidad significativa de recursos retenida en manos de las autoridades a quienes corresponde gestionar y entregar los recursos de la institución vía las fuentes tradicionales del colegio, llámese procuraduría, tesorería y Suprema Corte de Justicia.
Sobre los referidos gastos se hace constar que ni el presidente (Trajano Potentini), ni ninguno de los actuales directivos, ha percibido o utilizado en provecho propio recursos o dinero alguno proveniente de las arcas del CARD, salvo el caso de un directivo pasado y presente, a quien se le honro un pago pendiente de unos 100 mil pesos, fuera de ello y reiteramos, nadie ha cobrado por la condición de directivo de la presente gestión.
Programación de diplomados y talleres realizados en el período.
Durante los últimos 4 meses, se han realizado decenas de actividades educacionales, tanto diplomados, puesta en circulación de obras y textos jurídicos, como talleres especializados, impactando a más de 10 mil togados, en los cuales ha estado presente, de manera preponderante la modalidad virtual y en menor medida de forma presencial, en las comunidades de: Villa Altagracia, Jarabacoa, Sánchez Ramírez, Santiago de los Caballeros, San Cristóbal, Santiago Rodríguez, Hato Mayor, Santo Domingo y Santo Domingo Este, y el Distrito Nacional, entre otros. Abarcando las áreas emergentes y novedosas del derecho.
Asimismo, se han dictado varias resoluciones, algunas de corte administrativo disponiendo directrices para el manejo precario de las operaciones del CARD, (ejemplo con escasa excepciones, la suspensión de todos los contratos de la institución y el retiro de muchos servicios,). Se han dispuesto mediante otras resoluciones, con la más reciente, LA CREACIÓN DEL CONSEJO DE ASESORES DE EXPRESIDENTES DEL CARD Y EL PROGRAMA DE ASISTENCIA LEGAL GREMIAL PARA LOS ABOGADOS MIEMBROS DE LA INSTITUCIÓN, dos promesas de campaña que, en lo sucesivo, si así las condiciones lo permiten estaremos implementando.
Finalmente damos constancia de que este documento tiene por objeto describir a consideración social los esfuerzos realizados en el período descrito sobre las actividades llevadas a cabo en el colegio. Con este propósito se procedió a la descripción de las adecuaciones administrativas y de control adoptadas, las medidas urgentes y necesarias para la estabilidad de los servicios del CARD, esperando que contribuya a definir los desafíos organizacionales a corto y mediano plazo.
