La redacción
Santo Domingo. El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), depositó ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) un recurso de amparo en contra del Proyecto de Privatización del Sistema de Inspección Vehicular o de Cambio de Revista que encabeza el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) por supuestas irregularidades.
El presidente del CARD, Miguel Surún Hernández, dijo que la medida sólo busca beneficiar a un empresario con procesos judiciales pendientes.
«Se efectuó para beneficiar a un cuestionado empresario de nacionalidad venezolana de nombre Leopoldo Castillo Bozo, quien había sido beneficiado por una licitación respecto a la misma revista, por el Intrant, y se dejó sin efecto, precisamente, por dicha persona, contra quien figura acusaciones de freude bancario y en materia de seguros, lográndose emitir en su contra órdenes de arresto internacional», aseguró Surún.
Al respecto, hoy el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP), Sigmund Freund, explicó que en República Dominicana existe una necesidad real de supervisión vehicular debido a que es uno de los países con mayor cantidad de accidentes de tránsito.
«Se ha comprobado que el 40% de los accidentes de tránsito ocurren por problemas del vehículo relacionados a neumáticos y frenos», respondió al ser entrevistado por Adalberto Grullón y Millizen Uribe en el programa Uno+Uno de Teleantillas.
Sobre los costos
En relación al costo, otro de los puntos que se ha cuestionado, el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público Privadas indicó que ese proyecto vale alrededor de 70 millones de dólares a nivel nacional y que en caso de que se implemente vía el Estado también habría que cobrar una tarifa para el mantenimiento de sistema.
Sobre la observación de que la tarifa es superior a la del marbete, Freund reconoció que es un sacrificio adicional al ciudadano. No obstante agregó que el monto es similar a lo que un chofer de taxi gasta diario de combustible.
