Internacional
La Paz – La Fiscalía de Bolivia anunció que pedirá 15 años de cárcel para la expresidenta interina Jeanine Áñez, acusada de un supuesto golpe de Estado en 2019 contra el exmandatario Evo Morales, en el marco de su juicio que se reanudó este lunes.
La exmandataria derechista, de 54 años, que está en prisión preventiva desde marzo de 2021, denuncia ser una perseguida política.
Áñez enfrenta dos juicios, incluyendo el que se reanudó el lunes ante la justicia ordinaria por «incumplimiento de deberes» y tomar resoluciones contrarias a la Constitución cuando era senadora, antes de llegar a la presidencia.
Por ese caso, el fiscal general Juan Lanchipa anunció en conferencia de prensa este lunes que solicitará «la pena de 15 años para la señora Jeanine Áñez».
En otro juicio penal, enfrenta cargos de terrorismo, sedición y conspiración relacionados a su breve periodo en el gobierno.
La defensa reclama un único proceso y exigen que se canalice a través del Parlamento y no en la justicia ordinaria.
Áñez asistió a la audiencia por videoconferencia desde un penal de mujeres, luego de que su pedido de acudir de manera presencial al Tribunal de Sentencia Anticorrupción de La Paz fuera rechazado.
«Más de 70 pruebas»
El juicio contra la exmandataria derechista comenzó el 10 de febrero antes de suspenderse varias veces. A fines de mayo la defensa recurrió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por inconstitucionalidad de los cargos.
El TCP rechazó a los pocos días la demanda y dio vía libre para la reanudación del juicio.
La fiscalía «ya tiene preparada la presentación de los alegatos finales en la audiencia señalada», dijo Lanchipa en la rueda de prensa, detallando que «se presentaron más de 70 pruebas» y casi una veintena de testimonios.
La defensa de Áñez dijo que este mismo lunes presentó un nuevo recurso legal ante el TCP por inconstitucionalidad y pidió la suspensión de la audiencia.
«De lo contrario estos miembros del Tribunal de Sentencia, si es que a ultranza quieren continuar el juicio, van a incurrir en prevaricato y prevaricato es fallar en contra de la ley», dijo Alaín de Canedo, uno de sus abogados.
En las afueras del juzgado de La Paz unas 200 personas que dijeron representar organizaciones de víctimas del gobierno de Áñez hicieron una manifestación pacífica, solicitando «30 años de cárcel».
Áñez fue detenida apenas meses después de haber entregado las riendas de la presidencia que sostuvo en capacidad de interina al líder electo Luis Arce, un aliado de Morales.
Su arresto desató la indignación internacional. Fue finalista en 2021 del premio Sájarov de defensa de los derechos humanos y de libertad de pensamiento, que entrega el parlamento europeo.
El expresidente derechista Jorge Quiroga (2001-2002) denunció en Twitter un «linchamiento» contra Áñez y el partido de centro Alianza Comunidad Ciudadana del exmandatario Carlos Mesa (2003-2005) alertó contra «una condena expedita y espuria».
El oficialismo y «su justicia servil ya tendrían lista la sentencia condenatoria […] vulnerando el debido proceso», afirmó el poderoso comité civil-empresarial de Santa Cruz (este), un actor clave en la oposición a Morales.
Acusaciones por represión
Áñez se convirtió en la presidenta interina de Bolivia en noviembre de 2019 luego de que Morales, que había asegurado haber ganado un cuarto mandato consecutivo como presidente, huyó del país en medio de protestas por un presunto fraude electoral.
La OEA dijo entonces que había encontrado evidencias de irregularidades en la votación a favor de Morales, que tenía 14 años en el poder.
Las figuras que debían suceder a Morales -todos miembros de su partido MAS- también renunciaron. De esta manera, Áñez, como segunda vicepresidenta del Senado, era la funcionaria de mayor rango restante.
El Tribunal Constitucional reconoció entonces la legalidad de su mandato, pero miembros del MAS la acusaron de ilegítima.
Las elecciones se hicieron en octubre de 2020 y las ganó Arce. Morales regresó a Bolivia un mes después.
En el arranque de su corta presidencia, Áñez ordenó la presencia en las calles de la policía y militares para mantener el orden. La violencia de esos días dejó 35 fallecidos, según un grupo de expertos contratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en acuerdo con Bolivia.
Fuente AFP
