La Redacción
Santo Domingo, R.D.- El imputado por la investigación de la Operación Coral, Raúl Girón Jiménez, le expresó al Ministerio Público que la distribución del dinero que recibía la supuesta red de corrupción a la que pertenecía, proveniente de varios departamentos, operaban de manera similar.
Así lo afirmó Girón Jiménez durante su interrogatorio con el Ministerio Público, al que este medio tuvo acceso, y que fue conducido por la directora general de Persecución Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, y el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
En la referida interpelación, el imputado aseveró que el presunto entramado funcionaba de forma parecida en las áreas de combustibles, raciones e inteligencias del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
“Eso operaba en un esquema similar, pero traigan a quienes se encargaban que pueden dar más detalles que yo”, manifestó Girón Jiménez, según los documentos del Ministerio Público.
Según la Pepca, el esquema utilizado por este grupo se centraba el nombramiento irregular de policías y militares en las nóminas del CUSEP y Cestur, cobrando entre 20 mil y 70 mil pesos mensuales, para recibir un porcentaje de estos montos a cambio de bajas dádivas, desviando así sumas millonarias provenientes de los departamentos anteriormente mencionados.
Asimismo, la diferencia entre lo pagado y la dádiva era subsecuentemente repartida entre miembros de esta sociedad, en formas de depósitos y transacciones.
Además, la Pepca alegó que Adán Cáceres, en su condición de director del Cusep, y Rafael Núñez de Aza (que se desempeñaba como gerente financiero del Cusep y Cestur) utilizaban militares subalternos para depositar pagos a las cuentas de las compañías del entramado.
El rol Girón Jiménez, como programador de nóminas del Cusep y encargado de tecnología del Cestur, consistía en recibir un salario adicional al que recibía del Cusep de RD$180,000 mensuales, que eran depositados a una cuenta distinta a la de la nómina.
Ese dinero se materializaba después en forma de depósitos para Núñez de Aza, la empresa Único Real State e Inversiones, una de las compañías que supuestamente Rossy Guzmán le administraba a Cáceres, y a la misma pastora, a modo de pago de préstamos.
