Por: Jesús Camilo
Santo Domingo, RD.- Luego de una denuncia a través de diversos medios, interpuesta por los los señores Ramón Reynoso, Nelly Capellán y Roberto Sánchez, que involucra a varios servidores judiciales en la expedición fraudulenta de títulos para cometer fraudes y despojar a extranjeros de sus propiedades, así como motivado por las denuncias que se han venido realizando y en harás de esclarecer los hechos denunciados, la Inspectoría General de la Suprema Corte de Justicia inició las investigaciones del caso que involucra a varios afectados, por presunta obtención de títulos de manera arbitraria ante el registro de títulos del Distrito Nacional.
La gestión fraudulenta para la obtención de títulos corresponden a la Parcela 10-D, del Distrito Catastral # 2, del municipio de Luperón, en la provincia Puerto Plata, específicamente en las zonas de Punta Rucia y la Ensenada, en el Municipio Villa Isabela, y las mismas se iniciaron con entrevistas y obtención de información vital, por parte de los denunciantes y del abogado Amadeo Peralta, quien los representa, los cuales fueron entrevistados por espacio de 4 horas en esa dependencia investigativa.
la Inspectoría General, dirige las investigaciones que envuelven a empleados y servidores del Poder Judicial, para determinar la participación o responsabilidad disciplinaria de empleados de los registros de títulos, alguaciles, agrimensores, notarios, jueces o personas vinculadas en relación con las denuncias presentadas, así como para determinar la veracidad o no de los hechos , ya que lo denunciado por el abogado Amadeo Peralta, merece ser atendido, ya que de ser comprobadas las actuaciones por parte de servidores judiciales, afecta la seguridad jurídica, el clima de inversión extranjera, los debidos procesos de ley, genera desconfianza en las instituciones y afecta la imagen del país.
La Inspectoría General de la Suprema Corte de Justicia, ha venido cancelando empleados y sometiéndolos a juicios disciplinarios, independientemente de sus faltas penales y de responsabilidad civil, cada vez que se ha comprobado su participación en contubernio con grupos criminales, tal y como sucedió con el caso de los “tres Brazos”, donde desvinculó y solicitó juicio disciplinario contra varios funcionarios y empleados del registro de títulos del Distrito Nacional.
Los denunciantes atribuyen a una mafia compuesta por agrimensores, abogados y alguaciles en complicidad con el Director Regional de Mensuras Catastrales Zona Norte, la realización fraudulenta de “deslindes administrativos”, de propiedades que no les pertenecen a sus falsos reclamantes.
Por los hechos están siendo investigadas varias personas, a las cuales pusieron títulos a sus nombres y no lo saben, y quienes aparecen vendiendo a una empresa de carpeta, personas que han fallecido.
Los denunciantes también depositaron pruebas, que luego de realizados los fraudes, utilizan como medio de presión, extorsión y chantaje, el depósito de querellas y acusaciones contra las mismas víctimas de los desmanes de la mafia, según consta el relato de sus denuncias.
