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FUENTE NOTICIAS, REPUBLICA DOMINICANA.- El Congreso de Perú aprobó este lunes someter nuevamente a un juicio de destitución por supuesta «incapacidad moral» al presidente Martín Vizcarra, quien deberá comparecer ante el plenario el 9 de noviembre para defenderse.
Dos meses después de haberse librado de un proceso de destitución en el Congreso, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, enfrentará un segundo juicio político, acusado nuevamente de incapacidad moral permanente.
La primera vez fue procesado por la contratación irregular de un funcionario de tercer nivel. Ahora su situación es más complicada: se le acusa de haber recibido sobornos de dos empresas constructoras por unos 660 mil dólares cuando era gobernador de la región de Moquegua, entre los años 2011 y 2014, por una obra de irrigación y la construcción de un hospital. Hay cinco testimonios ante la fiscalía que lo acusan.
El lunes 2 de noviembre el Parlamento unicameral de 130 miembros aprobó con 60 votos, superando la valla del 40 por ciento exigida, darle luz verde al proceso para destituir al mandatario, que se realizará en un solo día, el próximo lunes 9 de noviembre. Esta nueva moción de vacancia fue presentada el 20 de octubre por el partido Unión por el Perú (UPP), bajo la causal de permanente incapacidad moral.
El 11 de octubre, Vizcarra negó haber recibido pagos ilegales en 2014, cuando era gobernador, a cambio de aprobar contratos para constructoras envueltas en el escándalo de corrupción de la brasileña Odebrecht.
«Niego absoluta y categóricamente» haber recibido pagos ilegales, dijo Vizcarra, luego de que el diario local El Comercio revelara que un testigo declaró ante fiscales que empresas «hicieron un pago ilícito de un millón de soles (casi 300.000 dólares) al hoy presidente Martín Vizcarra».
El diario limeño afirmó que un implicado que aspira a ser colaborador eficaz para reducir una eventual condena, declaró al fiscal Germán Juárez que «la empresa Obrainsa y su socia Astaldi, de capital italiano», hicieron el supuesto pago ilegal en 2014.
Para sacar de su cargo al jefe de Estado se necesitan 87 votos, cifra que parece difícil que se alcance.
En septiembre de 2019 el mandatario disolvió constitucionalmente el Parlamento y convocó nuevos comicios legislativos para superar otra crisis.
La corrupción es uno de los grandes males de Perú, donde cuatro presidentes han sido salpicados por el escándalo de sobornos y aportes ilegales a campañas por parte de la constructora brasileña Odebrecht.
Fuente AFPS
