Por: Jesús Camilo
Wilson Camacho sostuvo que el órgano acusador confía en que se haga justicia en el Caso Jet Set y consideró impertinente el reclamo y la realización de un nuevo peritaje en un caso en el que las causas del desplome están claramente establecidas
Santo Domingo, RD.- El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, sostuvo la noche de este viernes que deben ser enviados a juicio los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, procesados por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, un hecho que dejó 236 fallecidos y más de 100 heridos.
Al responder preguntas de la prensa tras concluir la audiencia preliminar, Camacho dijo que durante el proceso el Ministerio Público hace todos los esfuerzos para que haya justicia.
“Lo hizo desde el primer momento, recabando y preservando los elementos de pruebas que permitieron realizar una investigación. Lo hicimos luego, designando una comisión de peritos, incluyendo un perito internacional para determinar la razón del colapso de la discoteca Jet Set”, sostuvo.
“Y esa razón está claramente establecida, que el colapso se debió al sobrepeso que los administradores de la discoteca le colocaron al techo”, añadió.
“Eso es un tema que está claramente establecido en el peritaje. Y hoy, incluso en el tribunal, exigimos que el tribunal escuchara a todas y cada una de las víctimas que tienen derecho a ser escuchadas, ya que este es un elemento, incluso, propio de la reparación”, afirmó.
Dijo que el juez anunció que el 15 de junio, a partir de las 10:00 de la mañana, rendirá su decisión en el proceso. “Lo ha hecho sobre la base de que es un caso de tramitación compleja y la norma le permite tomarse ese espacio”, detalló.
Con relación a preguntas sobre el peritaje que realiza la defensa, dijo “lo hemos establecido en el tribunal, lo repetimos aquí: no hay ninguna razón, no hay ninguna necesidad de un peritaje de la defensa”.
“Primero, porque las causas por las que colapsó el Jet Set están claramente establecidas; segundo, porque la propia defensa en el tribunal se acogió a los hechos planteados por el Ministerio Público y a las pruebas del Ministerio Público, incluyendo el peritaje”, añadió, para concluir: “por ende, otro peritaje es, simple y llanamente, impertinente”.
Sobre la calificación jurídica, explicó que queda ahora a criterio del tribunal decidir con que calificación jurídica manda el caso a juicio. “La discusión de este tema es una cuestión muy técnica y en mi opinión muy particular hay algunas confusiones, sobre todo, por el elemento del conocimiento, conocer las posibles consecuencias es un elemento que es propio del dolo eventual y es un elemento que es propio de la culpa consciente”, detalló.
En ese mismo orden, Camacho dijo que “ambos elementos comparten el tema del conocimiento; el caso no se resuelve ahí, se resuelve en la representación del daño, y esa representación del daño, conforme lo ha establecido el Ministerio Público, que es una conclusión a la que llega conforme establecen las pruebas, es una tipificación de culpa consciente como lo ha establecido el Ministerio Público”.
“Esperamos que el tribunal sobre esta base envíe este caso a juicio”, sostuvo.
En esta audiencia el órgano acusador estuvo representado por Camacho y los fiscales Rosa Ysabel Mejía, Emmanuel Ramírez y Miguel Collado, adscritos a la Dirección de Persecución. También Magalis Sánchez, adscrita a la Fiscalía del Distrito Nacional.
El expediente indica que los acusados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia de la estructura.
Además, ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.
En el proceso los fiscales aportaron los hallazgos que, al analizar la estructura de la edificación, documentaron los peritos Leonardo de Jesús Reyes Madera (ingeniero sismorresistente), Eduardo A. Fierro (presidente de la BFP Engineers) y Máximo José Corominas Quezada (ingeniero patólogo), designados por el Ministerio Público para determinar las causas del colapso de la discoteca.
