Por: Jesús Camilo
Santo Domingo, RD.- La Contraloría General de la República informó que en los años 2023 y 2024 trabajó 206 auditorías, en tanto que la Unidad Antifraudes preparó 123 informes, de los cuales 83 fueron hechos a solicitud de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con la finalidad de colaborar y fortalecer las investigaciones llevadas a cabo por esa entidad.
Félix Santana García, contralor general de la República, dijo que la elaboración de esas auditorías e informes ha sido por disposición del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, quien ha facilitado los recursos financieros para el equipamiento y reforzamiento del capital humano de la Dirección de Auditoría Interna y la Unidad Antifraude.
Explicó que de las auditorías realizadas 39 fueron difundidas, 39 se encuentran listas para publicar, 67 en proceso, 33 terminadas no publicadas y 28 sobre ayuntamientos y municipalidades.
«Nunca en la historia de la Contraloría se habían efectuado tantas auditorías e informes que han sido motivadas por el presidente Abinader Corona y puestas a disposición de la Pepca», expresó Santana García.
Manifestó que la Unidad Antifraudes también ha realizado 26 informes de investigación, de los cuales 11 se remitieron a la Pepca, con el objetivo de iniciar las investigaciones del ámbito penal.
Dijo que fueron enviados 9 expedientes a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), con el propósito de tomar medidas respecto a faltas administrativas identificadas.
El contralor general de la República señaló que la referida Unidad también colaboró con la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), remitiendo 5 informes de investigación, a fin de tomar medidas en relación con la detección de la violación a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas.
el régimen de transparencia en la gestión pública, de modo que la sociedad pueda conocer, evaluar, ponderar y ejercer su rol de ciudadanía frente a los funcionarios que administran instituciones públicas, prerrogativas de las cuales deben gozar en el marco del Estado social, democrático y de derecho que nos rige.
