La Redacción
Antonio Carbone implica a funcionarios dominicanos en caso de lavado de activos y desacato judicial
Santo Domingo, RD.- El empresario e inversionista canadiense Antonio Carbone entregó información y pruebas sobre presunta corrupción de funcionarios del gobierno dominicano, tanto actuales como pasados, a autoridades estadounidenses que investigan su caso en la República Dominicana. Las acusaciones incluyen asociación de malhechores, lavado de activos y desacato judicial, involucrando a políticos, empresarios y militares.
Carbone afirma que se reunió con el agente especial de Homeland Security Investigations (HSI), Timothy Tubbs, quien hasta hace poco se desempeñó como agregado en la embajada de Estados Unidos en el país. «Esta semana tuvo lugar una reunión confidencial donde Tubbs recibió personalmente pruebas y documentos contundentes que podrían tener un impacto significativo en el país en los próximos meses», declaró el empresario.
Según Carbone, el agente Tubbs también se reunió con la Ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y con el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, para tratar este caso.
Entre las personas mencionadas en la investigación figuran el diputado Sergio (Gory) Moya, el ministro Neney Cabrera, los empresarios Fernando Arturo Báez Guerrero y Elias Barniccta, el exdiputado Virgilio Meran y Leonardo Lantigua, entre otros. Carbone sugiere que varios de los implicados podrían enfrentar solicitudes de extradición por parte de las autoridades estadounidenses en los próximos meses.
El caso se centra en la presunta trama para despojar a Carbone de los bienes de su empresa Dream Corporation, valorados en más de 580 millones de dólares. El empresario canadiense ha estado exigiendo la devolución de sus propiedades, alegando que las autoridades del Ministerio Público y del gobierno dominicano han desobedecido una disposición judicial que ordena su entrega.
Carbone cita la sentencia TC/0367/2021 del Tribunal Constitucional, que establece la devolución de objetos secuestrados no sometidos a decomiso, mientras las autoridades estadounidenses continúan investigando estas acusaciones.
