La Redacción
Santo Domingo.- Este ha sido el camino que decidió tomar el Ministerio Público en sus investigaciones sobre presuntos fraudes para desfalcar al Estado dominicano, cobrar sobornos por el pago de expropiaciones que datan hasta de 50 años o cobrar cesiones de créditos para que terceros pudieran gestionar a su favor pagos de deudas de instituciones públicas con terceros.
Además, el organismo acusador se ha auxiliado del testimonio de otras personas que ofrecieron detalles de pagos realizados, señalando las modalidades para los mismos, los montos entregados y quiénes lo recibieron.
El Ministerio Público ha identificado dos modalidades del supuesto fraude que totaliza más de 19 mil millones de pesos: pago de expropiaciones a terceros y de deudas administrativas de instituciones públicas, lo cual era incluido en el Presupuesto para ser pagados por el Ministerio de Hacienda.
Unos de los casos utilizados por el Ministerio Público para justificar ante la jueza coordinadora de los Juzgados de Instrucción, Kenya Romero Severino, la solicitud de autorización de indagatoria de las informaciones financieras de 183 personas físicas y 26 figuras jurídicas, fue el de Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, quien debió comprometerse a entregar 600 millones de pesos para poder cobrar una deuda del Estado de mil millones de pesos.
El requerimiento indica que el propio Ventura Rodríguez confesó que José Arturo Ureña, en presencia de Fernando Crisóstomo y Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo) le hicieron la propuesta de que si estaba dispuesto a entregar 600 millones de pesos de los mil millones que el Estado le adeudaba como contratista.
El Ministerio Público afirma que Ventura Rodríguez fue llevado ante el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, por las personas que lo habían contactado y que allí el funcionario le indicó que debía hablar con Jiménez Collie y Ureña “para el tema del dinero que ellos iban a requerir y que los pagos saldrían del Ministerio de Hacienda.
Ventura Rodríguez es un contratista que tuvo a su cargo numerosas construcciones en las administraciones pasadas, incluyendo cuantiosas asignaciones en la gestión de Francisco Pagán en la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE). Incluso, fue testigo también en el caso Pulpo, por el que devolvió unos 25 millones de pesos que había recibido por operaciones con Pagán.
También fue contratista de la mismo OISOE durante la gestión de Félix Bautista, por lo que tenía acumulados decenas de millones de pesos en deuda pública del Ministerio de Hacienda.
Los investigadores indican que este llegó a entregarle 527 millones de pesos en efectivo a los investigados ahora por el supuesto fraude contra el Estado. Explica que este elaboraba cheques a nombre de empleados suyos, quienes los cambiaban y los entregaban en efectivo.
En la solicitud depositada ante la jueza, los investigadores citan 11 cheques que fueron cambiados y el dinero entregado a José Arturo Ureña, Fernando Crisóstomo y Ramon Emilio Jiménez Collie (Mimilo).
Las modalidades para el supuesto fraude era a través de personas que tenían pendientes pagos por expropiaciones y a otras que se le tenían deudas de las llamadas “administrativas” y que eran llevadas a Deuda Pública.
