Por: Jesús Camilo
Santo Domingo, RD.- El movimiento cívico Participación Ciudadana en coordinación con la Defensoría del Pueblo, el Movimiento Reconocido y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), realizó el webinar “Dominicanas y dominicanos, pero sin derechos”.
Durante las palabras de bienvenida, Leidy Blanco García, coordinadora general del movimiento cívico, destacó que en esta ocasión Participación Ciudadana ha aunado esfuerzos con el Alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) y la Defensoría del Pueblo, con la finalidad de promover una conversación propositiva y reflexiva sobre la situación de apatridia o riesgo de apatridia en que se encuentran muchos dominicanos y dominicanas como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13.
“Esa decisión del Tribunal Constitucional contraviene los principios fundamentales en que se afianza la Constitución dominicana actual, la dignidad humana y, por ende, violenta todos los derechos fundamentales inherentes al ser humano, por lo que se debe analizar que la República Dominicana no solamente es el país con mayor número de apátridas en el Caribe, sino que es uno de los países con mayor número de apátridas en el mundo”, afirmó la coordinadora del movimiento cívico.
Gabriel Godoy, jefe de misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), subrayó la relevancia del plan de acción mundial y de la campaña #IBelong (#YoPertenezco) para que los que países pueden trabajar en la identificación, la prevención, la reducción y la protección de las personas que estén en situación de apatridia o riesgo de apatridia.
De acuerdo con Godoy, la meta global es erradicar esta situación hasta el año 2024, aprovechando las molduras de las Convenciones de la ONU sobre Apatridia de 1954 y de 1961 como directrices para responder a los diferentes desafíos en la región de Las Américas y del Caribe.
“Invitamos a los Estados a tomar medidas políticas y jurídicas para evitar el riesgo de apatridia, promoviendo el acceso universal al registro de nacimientos y el reconocimiento de la identidad legal en acuerdo con la meta 9 del Objetivo de Desarrollo sostenible 16 de la Agenda 2030; el acceso efectivo a la nacionalidad es el derecho a tener derechos”, resaltó Gabriel Godoy.
Alberto Fiallo-Billini, oficial de relaciones institucionales del ACNUR, explicó el contexto actual de las personas afectadas por la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 que fueron beneficiadas por la Ley 169-14, puntualizando que 34,900 personas cuya nacionalidad dominicana ha sido confirmada aún no tienen su documentación nacional, según previó la auditoría realizada en el año 2014 la Ley 169-14.
“La situación de las personas nacidas en República Dominicana desde 1929 que no se encontraban registradas en el Registro Civil al momento de la emisión de la sentencia, pero que aplicaron al plan de regulación y naturalización establecido en la Ley 169-14 dentro del plazo de 180 días establecido por el Estado, fueron 8,768, de las cuales 7,147 han sido aprobadas por el Ministerio Interior y Policía (MIP) como elegibles para ser documentadas y posteriormente naturalizadas, incluyendo las 588 personas observadas que lograron completar sus expedientes antes del 30 de septiembre de 2019 con el apoyo directo del del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y sus socios en la República Dominicana.
Es un verdadero drama humano lo que estamos viviendo en la República Dominicana que puede ser resuelto con voluntad institucional”, destacó Fiallo-Billini.
Elena Lorac, coordinadora nacional del Movimiento Reconocido, afirmó que la Ley 169-14, emitidita por el Poder Ejecutivo en el año 2014 como una forma de buscar una salida a las realidades que viven los dominicanos y dominicanas que fueron privados de su nacionalidad en 2013, fue promulgada gracias a los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil, sin embargo, esta Ley ha fragmentado aún más la realidad y la situación de estas personas.
“Los jóvenes que nos vimos afectados por la Sentencia 168-13 somos dominicanos y dominicanas, pero sin derechos, ya que la realidad no nos permite avanzar con nuestros proyectos, ni realizar nuestros sueños. Nuestros derechos están siendo violentados por todos los mecanismos y dispositivos legales y administrativos que se han venido dando desde el año 2007.
Al Estado no garantizar nuestros derechos esto va en decadencia en todo nuestro desarrollo personal y humano y, por ende, de nuestro país”, subrayó Lorac.
Harold Modesto, secretario general de la Defensoría del Pueblo, señaló que lo importante, lo clave, lo distintivo es entender que bajo ningún concepto, en ninguna circunstancia, es admisible que una persona, independientemente de su estatus jurídico, no pueda gozar de derechos más básicos, derechos que se encuentran establecidos en clave constitucional como derechos fundamentales y que deben alcanzar a todas las personas.
Cristóbal Rodríguez, abogado constitucionalista, criticó el sustento constitucional de la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, resaltando lo delicada de la tarea de construir una salida a la situación creada por ella mediante una pieza legislativa.
Precisó que lo que está de por medio es una situación que divide a la sociedad dominicana, y es un proceso difícil, lento y agotador, pero no debe paralizarse.
Con este encuentro Participación Ciudadana reafirma su compromiso con la defensa integral de los derechos humanos y la construcción de un estado social democrático y de derecho, que incluya a todos y a todas.
