La Redacción
Santo Domingo, RD.- Durante la presentación de los alegatos de defensa que se ventilaron hoy en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el imputado Ángel Rondón dijo en el juicio por los sobornos de Odebrecht, que al gerente general de esa constructora brasileña en la República Dominicana, Marcos Vasconcelos Cruz lo sacaron del país porque si lo entrevistaban y no lo dejaba salir, «no solo hubiese tumbado el gobierno de Danilo Medina, sino también el sistema político».
Precisó que en las declaraciones Marcos Cruz señala a 28 personas que no fueron incluidas en el expediente, las cuales no fueron identificadas por Rondón.
Señaló que cuando estuvo preso en la cárcel de Najayo, con prisión preventiva, sentó al imputado Andrés Bautista y a Temístocles Montás, excluido del caso, para advertirles sobre las consecuencias de sometimientos a funcionarios salientes.
Afirmo que habría recibido ingresos de Odebrecht por más de 200 millones de dólares, en calidad de representante comercial, subcontratista, consorciado y por alquiler de equipos.
«Yo no le robe al Estado dominicano, el Estado dominicano no me pagaba era Odebrecht», afirmó.
El empresario Ángel Rondón, principal acusado en el caso de los sobornos que admitió pagar Odebrecht en el país por 92 millones de dólares, señaló a las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que conocen el juicio de fondo a los 6 imputados, que el Ministerio Público lo ha presentado como un monstruo de dimensiones excepcionales, pero que él lo que ha sido es un emprendedor.
Dijo que antes de Odebrecht tenía vida y que en el año 2001 lo llamó el embajador de Brasil para que al día siguiente se reunieran. En el encuentro participaron Marcelo Llardin, Roberto Bauri y otras dos personas y que luego de varios acuerdos aseguró que tenía un compromiso por lo que pidió hasta el otro día.
Dijo que con buenas intenciones siempre se presentó ante el Ministerio Público y que los documentos que usaron para solicitar su medida de coerción fueron los facilitados por él, “le agregaron posiblemente al final de cada proyecto estos recursos fueron para sobornar a funcionarios y legisladores”.
Las declaraciones de los acusados se produjeron luego que la jueza presidenta del tribunal, Giselle Méndez, le señalará que tienen derechos, tanto a declarar como a no hacerlo, o a suspender su participación cuando lo crean pertinente o a consultar a sus abogados. Pero les indicó que deben hacerlo sentados.
