Por Leonardo Paulino
Santo Domingo. El Partido de la Liberación Dominicana ( PLD), alertó sobre lo que consideró, marcadas y malsanas intenciones del gobierno de impulsar iniciativas con el propósito de silenciar la libre expresión de pensamiento, características que guardan una estrecha similitud con los inicios de los regímenes totalitarios y dictatoriales.
El PLD se hace eco de denuncias realizadas en el pasado reciente, que dan cuenta que disposiciones del nuevo Código Penal; de la Ley 1-26 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, así como del proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, introducido en el senado de la República en mayo del 2022, van en contra de la difusión del pensamiento, con amenazas de prisión, no solo para la prensa, influencers y quienes realizan labores de comunicación en plataformas virtuales, sino para toda la ciudadanía dominicana que desee hacer una denuncia con fines de investigación
La organización precisó que todo de da en franca violación al criterio firme del Tribunal Constitucional que ha eliminado las penas de prisión para los delitos de difamación e injuria en dos sentencias.
Manigestó preocupación particularmente que figuras penales redactadas de forma ambigua, sanciones que incluyan privación de libertad para determinadas expresiones y facultades amplias de inteligencia estatal puedan generar un ambiente de temor, autocensura e incertidumbre incompatible con las garantías consagradas en el artículo 49 de la Constitución de la República.
La defensa de la libertad de expresión no es una causa exclusiva de periodistas, comunicadores o partidos políticos. Es una garantía fundamental de todos los ciudadanos.
Sostienr que en el caso del nuevo Código Penal, preocupa especialmente que determinadas disposiciones relativas a la difamación, la injuria y el denominado “ultraje a funcionarios” puedan entrar en tensión con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en materia de libertad de expresión y protección reforzada del debate sobre asuntos de interés público.
El nuevo Código Penal, entrará en vigor el 3 de agosto del año en curso.
