La Redacción
Santo Domingo, RD.- Abogados de familiares de las víctimas del colapso del techo de la Discoteca Jet Set, aseguran que en el trágico caso han establecido desde el primer día que, independiente de la querella penal con constitución en actor civil que presentarían a nombre de las víctimas, apoderarían de una demanda patrimonial en contra del Estado, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y los funcionarios que consideran responsables por omisión antijurídica y «el día 29/1/2025 cumplimos esa promesa» dijo.
«Estamos demandando al Estado a través del Ministerio de Edificaciones y Vivienda, así como al Ayuntamiento del Distrito Nacional, por daños materiales la suma de RD$ 909,949,854.05 y por daños morales la suma de RD$ 1,073,720,499.91 lo que da un total de RD$ 1,983,670,353.96 por ser corresponsables de la muerte de 9 personas y una herida cuyos nombres se leen a continuacion» indicó el abogado Ángel Lockward.
César Augusto López, Deneska Shalimar Pérez, Nathalie Miledys Guerrero, Joselyn Rosado Baldera, Dahiana Patiño Martínez, Ruth Elisa Seija, Daniela Henríquez Joshua, Aracelis Rodríguez y Héctor Eduardo Brito Peña.
Asimismo, estan demandando al exministro Carlos Bonilla como funcionario responsable al momento de los hechos y no «demandamos a la alcaldesa Carolina Mejia, porque el responsable legal, el señor Christian Alejandro Tejada Pichardo director de Planeamiento Urbano, falleció en la tragedia» indicó.
La demanda Patrimonial ha sido presentada por ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa por ser la competente para demandas patrimoniales en contra del Estado y de sus funcionarios, según informó el profesional del derecho.
«Esperamos pacientemente que las responsabilidades del Estado fueron establecidas y lo fueron, por el mismo ministerio público en su Acusación y conforme a las experticias depositadas.
Ha quedado claramente establecido que el Estado incumplió su responsabilidad de dar seguridad a los ciudadanos que como parroquianos cada lunes asistían a Jet SET, omitiendo anti jurídicamente cumplir con su obligación establecida en las leyes 674 de 1944, 6232 del 1963 y el decreto 596-06, así como en la Ley que creó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones» dijo Lockward.
Dijo ademas, que la omisión antijurídica de hacer cumplir la ley, acarrea responsabilidad por los daños ocasionados que, en este caso, fue la muerte de 236 personas y lesiones permanentes a otras 100 dejando cientos de huérfanos, viudos, viudas y madres desamparadas en la mayor tragedia nacional.
Indicó «lo que anunció el presidente ABINADER en ocasión de la tragedia, sobre que existía un supuesto VACÍO LEGAL, no es cierto; lo hizo para esconder la responsabilidad del Estado en perjuicio de las víctimas y, su decisión de designar una comisión – que en la práctica nunca nombró – ha causado problemas al proceso, pero lo peor es que INSENSIBLEMENTE, como actúa con los más pobres, NO HA TRATADO DE REMEDIAR LOS DAÑOS a huérfanos y demás parientes dejados a su triste suerte» concluyó.
